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Marta Girón
Abogada
Letrada del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla. Graduada en Derecho y Máster Universitario en Abogacía por la Universidad de Sevilla.
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Elena Santesteban
Técnico - Trabajadora social
Trabajadora Social del Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla. Técnico Superior en Integración Social, graduada en Trabajo Social y Máster Universitario de Género e Igualdad por la UPO.
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Alejandro Gamonoso
Abogado y socio fundador
Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla. Diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad de Sevilla y fundador de la firma Gamonoso Abogados.
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Tomás A. Gamonoso
Abogado
Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla desde 1986. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla.
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Abogado
Preguntas frecuentes
Los costes que encontrarás al comenzar a trabajar con un despacho de abogados son variables, dado que dependen de muchos factores, y solamente pueden determinarse una vez que los profesionales del despacho han podido estudiar el asunto y determinar el alcance y la complejidad del mismo.
Sin embargo, podemos ayudarte a conocer algunos de los costes más habituales a la hora de encomendar el asesoramiento jurídico y la defensa de tus intereses a un despacho de abogados, para que cuando tengas tu primera toma de contacto con nosotros te resulten familiares:
- Primera consulta: Es el primer encuentro entre un cliente y un abogado u otro profesional del derecho, en el cual el cliente expone su problema o caso para recibir orientación inicial. Durante esta reunión, el abogado evalúa la viabilidad legal del asunto y establece las bases de la posible relación profesional. Esta consulta puede ser gratuita o tener un coste, dependiendo del criterio de cada profesional.
- Provisión de fondos: Es una cantidad de dinero que el cliente entrega al abogado, procurador u otro profesional como anticipo para cubrir gastos iniciales relacionados con el caso, tales como tasas judiciales, notificaciones, o parte de los honorarios. Su finalidad es garantizar la disponibilidad de recursos para iniciar las gestiones necesarias.
- Comisión por éxito: Es un acuerdo entre el cliente y el abogado u otro profesional en el que los honorarios del profesional están condicionados total o parcialmente a la obtención de un resultado favorable en el caso (por ejemplo, ganar un juicio o alcanzar una indemnización).
- Honorarios de procurador: son las cantidades que corresponden al procurador. El procurador es un profesional del ámbito legal que actúa como representante de una persona o empresa en los procedimientos judiciales. Su función principal es ser el "intermediario" entre el cliente y los tribunales. Aunque no asesora ni defiende el caso, como lo hace un abogado, el procurador se encarga de tareas como presentar documentos; recibir notificaciones o garantizar el cumplimiento de los plazos procesales.
En resumen, el procurador es quien facilita la comunicación y las gestiones administrativas entre las partes involucradas y el juzgado, asegurando que todo el procedimiento judicial se lleve a cabo de manera ordenada. Su presencia es obligatoria en muchos casos y ayuda a que el proceso sea más ágil.
- Honorarios de perito: Son los pagos que se realizan al perito, un experto independiente que aporta su conocimiento técnico o especializado para esclarecer aspectos del caso en un proceso judicial. Los honorarios suelen depender, entre otros factores, de la complejidad de la materia tratada y del tiempo invertido en la elaboración de informes o la ratificación en juicio.
- Costas judiciales: Son el conjunto de gastos que genera un proceso judicial, incluyendo honorarios de abogados y procuradores, tasas judiciales, peritajes y otros costos asociados. Cuando un tribunal dicta sentencia, puede imponer las costas a una de las partes (generalmente la que pierde) para que asuma estos gastos.
- Tasas: Son importaciones establecidas legalmente que deben pagarse a la Administración de Justicia u otros organismos públicos para tramitar determinados procedimientos judiciales o administrativos. Por ejemplo, las tasas judiciales son obligatorias en algunos casos para iniciar una demanda o recurrir una sentencia.
Sabemos que una de las inquietudes más comunes es conocer cuánto tiempo puede tardar en resolverse un asunto. Sin embargo, debemos aclarar que determinar un plazo exacto es complicado, ya que la duración del procedimiento depende de diversos factores que no siempre están bajo nuestro control. Entre los principales elementos que pueden influir están el tipo de procedimiento de que se trate o la carga de trabajo con la que cuente la Administración competente para la tramitación del expediente.
Lo habitual será que, una vez conozcamos los detalles de tu caso, sepamos darte una estimación del tiempo que suelen tardar en tramitarse los asuntos como el tuyo.
Probablemente, esta sea una de las preguntas más repetidas por nuestros clientes, y sobre las que más desconocimiento hay.
Es imprescindible señalar que en el ámbito legal no es posible garantizar un porcentaje exacto de éxito. Cada caso tiene sus particularidades, y su resultado depende de múltiples factores, algunos de los cuales están fuera de nuestro control.
Para poder estimar las probabilidades de éxito, es imprescindible realizar un estudio detallado de la viabilidad del asunto. Este análisis conlleva hablar con el cliente para conocer al detalle la situación, analizar la documentación, hechos y pruebas disponibles; evaluar la solidez de los elementos que sustentan su posición y los posibles puntos débiles en la defensa de los intereses de nuestro cliente. El objetivo es conocer a fondo el asunto, sus fortalezas y sus debilidades, para intentar tener una visión global de la situación.
En conclusión, aunque no podemos ofrecer certezas ni asegurar un porcentaje de éxito, sí podemos trabajar para maximizar las posibilidades a través de una estrategia legal sólida, basada en el análisis detallado de tu caso.